Esther García, la abogada de la denunciante ha formalizado la petición ante la Audiencia de Barcelona para condenar a Dani Alves a doce años de prisión.
La abogada ha presentado su escrito de acusación solicitando la pena máxima de doce años de prisión para el futbolista brasileño
La acusación ejercida por la joven de 21 años que denunció al exfutbolista del Barcelona Dani Alves por agresión sexual en la discoteca Sutton el 31 de diciembre del 2022, y en cabeza de su abogada Esther García, solicitó a la Audiencia de Barcelona una condena de 12 años de prisión, esta se suma a la petición hecha por la fiscalía pero de 9 años de prisión y cinco años de libertad condicional y vigilada.
Además del delito de agresión sexual por el que se pide la pena máxima de pena de prisión, el escrito de acusación también solicita una multa de 13.500 euros al futbolista por lesiones. La abogada ha pedido que el brasileño indemnice a la víctima con un total de 150.000 euros por las secuelas físicas y psicológicas sufridas, puesto que la joven padece síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático de intensidad elevada, además, ha solicitado a la sala para que se adopten medidas y así proteger a la joven el día del juicio, como un acompañamiento profesional y que se evite la confrontación visual con el futbolista acusado y se pidió que la audiencia se celebre sin público al ser una denuncia por agresión sexual y afecta a la victima aún más.
La siguiente en presentar su escrito de conclusiones será la abogada Inés Guardiola, que ejerce la defensa del brasileño desde el pasado octubre. La defensa solicitará la libre absolución al mantener que las relaciones sexuales fueron consentidas el 31 de diciembre en el baño de uno de los reservados de la discoteca Sutton en Barcelona.
Dani Alves está en prisión preventiva desde el 20 de enero de 2023. La justicia ha rechazado todas las peticiones de sus abogados para su puesta en libertad, puesto que no quieren que ocurra lo mismo que sucedió con Robinho, que regresó a su país que no tiene convenios de extradición. Los jueces siempre han aducido riesgo de fuga por su capacidad económica y la posibilidad de instalarse en Brasil y eludir el juicio.
